Presentación del dossier “Prácticas públicas de la historia. Contextos locales, diálogos globales”

Dossier introduction “Public practices of history. Local contexts, global dialogues”

«La Historia no pertenece sólo a sus narradores, profesionales o aficionados. Mientras que algunos de nosotros debatimos sobre qué es la Historia o fue, otros la cogen en sus manos».

Michel-Rolph Trouillot

«La historia no es prerrogativa del historiador […] se trata más bien de una forma social de conocimiento; la obra, en circunstancia, de un millón de manos».

Raphael Samuel

I.

La historia pública, entendida a la vez como campo historiográfico y como actitud autoreflexiva sobre el oficio de historiador, tiene que ver con la pregunta sobre las maneras como producimos y comunicamos el conocimiento histórico para/con públicos amplios y heterogéneos, desbordando el espacio académico especializado, sus métodos, prácticas, lenguajes y formatos convencionales. Asimismo, se refiere a la incidencia y responsabilidad intelectual y política que tenemos los historiadores e historiadoras en los principales debates públicos de nuestra sociedad presente, lo que el historiador indio Dipesh Chakrabarty denomina «la vida pública de la historia»¹.

Como vertiente de la historiografía contemporánea, la historia pública surgió en el ámbito académico anglosajón a finales de los años setenta, primero en los Estados Unidos, posteriormente en Australia y en Inglaterra, atendiendo a necesidades y características específicas de cada contexto. Su institucionalización se dio a través de la apertura de programas de posgrado en diferentes universidades, la publicación de revistas especializadas y la creación de asociaciones y redes nacionales e internacionales. En el siglo XXI, la historia pública es una corriente historiográfica extendida a nivel mundial, con presencia en países tan diversos como Japón, Luxemburgo o Colombia, y en los últimos años se han venido desarrollando proyectos colaborativos y congresos internacionales impulsados por la Federación Internacional de Historia Pública (existente desde 2010) y otras asociaciones o redes².

Sin desconocer la importancia de la historia pública como campo historiográfico desde su emergencia hasta la actualidad, resulta pertinente reconocer las «prácticas públicas de historia» que antecedieron a su institucionalización o que se desarrollan con independencia de esta. A modo de ejemplo, podemos referir cómo en Brasil desde inicios de los años ochenta, mucho antes de la fundación de maestrías en historia pública o de la consolidación de la Red Brasileña de Historia Pública (2012), comenzó el trabajo del Laboratorio de Historia Oral e Imagen sobre las memorias de los sectores trabajadores y afrobrasileños a partir de la conformación de archivos orales y fotográficos, investigaciones y exposiciones³. De manera similar, podemos mencionar cómo países como Colombia o Bolivia cuentan con una amplia tradición de prácticas públicas de historia que han involucrado el trabajo de investigación y creación colaborativo entre académicos (historiadores, sociólogos, etc.) y comunidades (indígenas, afrodescendientes o campesinas) y han resultado narrativas históricas alternativas en diversos formatos (escritos, orales, audiovisuales, entre otros)⁴. Incluso para el caso de los Estados Unidos, Thomas Cauvin da cuenta de una gran cantidad de prácticas públicas de historia (asociadas al sector gubernamental, al privado-corporativo o a las comunidades locales) anteriores a la configuración de la Public History como un campo institucionalizado⁵.

Entonces, por «prácticas públicas de la historia» entendemos aquellas producciones de sentido o acciones que se refieran al pasado realizadas y visibilizadas en la esfera pública por diversos actores sociales y no restringidos a los circuitos de difusión de conocimiento histórico de las universidades, centros de investigación y editoriales especializadas. Estos circuitos académicos privilegian el formato escrito —y en muchos casos se someten al mandato lingüístico imperante en las actuales geopolíticas del conocimiento, es decir, a presentarse en inglés como lingua franca del discurso científico global—, y a menudo las prácticas públicas de historia tienen como resultado narrativas en formatos visuales, audiovisuales, multimediales, digitales o mixtos, que por lo general utilizan los idiomas locales y vernáculos de los lugares donde son producidos. Adicionalmente, las prácticas públicas de la historia no necesariamente tienen que derivar en narrativas o producciones de sentido, sino que también pueden desencadenar «producciones de presencia»⁶ mediante acciones como tumbar e intervenir monumentos o realizar performances conmemorativos alternativos en el espacio público que introducen dislocaciones y desestabilizaciones de los relatos históricos dominantes y ofrecen a la ciudadanía nuevas formas de recordar y experimentar el pasado.

Por último, que las prácticas públicas de la historia tengan lugar en el espacio extendido de la esfera pública y no se limiten a los espacios académicos donde la historiografía profesional es producida, no quiere decir que en ellas no puedan participar historiadores o profesionales de diversas disciplinas, especialmente cuando se trata de investigaciones−intervenciones históricas que se realicen de manera colaborativa y en donde primen la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes y la horizontalidad en las relaciones de producción y transmisión del conocimiento⁷.

Como se puede observar, el término de prácticas públicas de la historia está íntimamente relacionado con el campo historiográfico de la historia pública, su vocación, objetivos y métodos; sin embargo resulta más amplio y abarcativo, en el sentido en el que trasciende el carácter institucionalizado de la historia pública (dependiente de las lógicas de universidades, centros de investigación y redes académicas), dándole un mayor reconocimiento a diversos actores sociales no académicos en la producción de narrativas y acciones sobre el pasado, muchas veces ligadas a disputas políticas por la memoria pública y a reivindicaciones sociales y culturales. El antropólogo e historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot anotaba:

Los debates sobre El Álamo, el Holocausto, o el significado de la esclavitud de Estados Unidos no sólo implican a historiadores profesionales, sino también a líderes étnicos y religiosos, representantes políticos, periodistas, y a varias asociaciones dentro de la sociedad civil, así como a ciudadanos individuales, no todos activistas. Esta variedad de sujetos narradores es una más de las numerosas evidencias de que las teorías de la Historia tienen un alcance limitado en el campo de la producción histórica. Estas teorías minusvaloran totalmente el tamaño, la relevancia y la complejidad de los lugares superpuestos en los que se produce la Historia, especialmente fuera de la academia⁸.

En este sentido, el término está mucho más cercano a otros conceptos propuestos por algunos autores para explicar el mismo fenómeno o fenómenos similares, tales como «usos públicos de la historia», «usos políticos de la historia», «usos del pasado», etc.⁹. Por ejemplo, el historiador italiano Nicola Gallerano se refería a los usos públicos de la historia como un vasto conjunto de prácticas, discursos, objetos y lugares que a la vez convergen y entran en tensión con la historiografía profesional, y en el cual se incluyen:

Los medios de comunicación de masas, cada uno por añadidura con su especificidad (periodismo, radio, televisión, cine, teatro, fotografía, publicidad, etc.) […] las artes y la literatura; lugares como la escuela, los museos históricos, los monumentos y los espacios urbanos, etc.; y finalmente instituciones reguladas o no (asociaciones culturales, partidos, grupos religiosos, étnicos y culturales, etc.), que con objetivos más o menos declaradamente partidistas se comprometen a promover una lectura polémica del pasado en relación con el sentido común histórico o historiográfico, a partir de la memoria del respectivo grupo¹⁰.

A esto habría que sumarle la Internet y los nuevos medios digitales, que Gallerano no alcanzó a conocer en su máximo esplendor, pues murió a los 56 años en 1996¹¹. En cambio, sí se refirió a las autoridades estatales y a las clases dirigentes como los principales responsables del uso público de la historia en las sociedades contemporáneas: «los políticos tienen una amplia parte en las manifestaciones más visibles y discutibles del uso público de la historia y especiales responsabilidades en su degeneración»¹².

Las prácticas públicas de historia son especialmente prolíficas, heterogéneas y complejas en sociedades que han vivido procesos o acontecimientos históricos traumáticos y en donde se encuentran en pugna diferentes interpretaciones sobre los sucedido; y particularmente sensibles y polémicas en coyunturas en las que se activan las disputas entre diversos actores sociales en torno a las memorias de ese pasado conflictivo. El auge de los testimonios orales de víctimas, sobrevivientes y testigos de violaciones a los derechos humanos (tales como guerras, dictaduras militares, genocidios, desapariciones forzadas, segregaciones raciales, abusos sexuales o detenciones y torturas, etc.), en algunas regiones de Asia y África, Medio Oriente, Latinoamérica y los países postsoviéticos, ha tenido importantes implicaciones en la manera en que el pasado es narrado, representado y disputado en el espacio público.

En estas áreas, el conflicto extensivo a la transformación social, el rápido desarrollo económico, y la pobreza a gran escala han producido diferentes aproximaciones a la historia pública/patrimonio en los que la historia tiene un rol político vital en relación con la reconstrucción social y económica de la comunidad¹³.

El boom de la memoria que acompaña a los procesos de justicia transicional, búsqueda de la verdad y reparación es un proceso global que puede evidenciarse en contextos locales muy diferentes, con sus propias singularidades. Andreas Huyssen habla de una «cultura global de la memoria», que tiene muchas potencialidades para democratizar el presente y el futuro a partir de una apertura a la pluralidad de interpretaciones históricas, pero también advierte sobre algunas de sus limitaciones y peligros, como la manipulación política, la banalización y la mercantilización del pasado¹⁴.

¿Cuál es el papel que han desempeñado o deberían desempeñar los historiadores en este universo de las prácticas públicas de historia? Propongo dos respuestas a esta pregunta, entre otras posibilidades. Una primera opción implica un rol participativo y directo por parte de los historiadores e historiadoras que, como mencionamos antes, pueden hacer parte de las prácticas públicas de historia colaborando con otros actores (académicos y no académicos), aportando los conocimientos, metodologías y teorías propios de la disciplina histórica a proyectos de investigación, creación y comunicación desarrollados más allá de los muros de la academia. Esta es la opción de aquellos profesionales interesados en la historia pública y la investigación colaborativa. Una segunda posibilidad, más indirecta, pero no por ello menos necesaria y pertinente socialmente, es el conocimiento y la participación del historiador en los debates públicos más relevantes de la sociedad contemporánea de la cual hace parte y en la cual vive y realiza su trabajo intelectual, especialmente cuando en estos debates se confrontan lecturas históricas antagónicas. Reconocer la «vida pública de la historia» e intervenir en ella consiste en «centrar la atención en el espacio público bajo ciertas condiciones y con un conocimiento profundo de lo que éste significa. Se trata, en efecto, como ha escrito Josep Fontana, de ‘implicarnos en los problemas de nuestro tiempo’. Sin embargo, se trata de hacerlo mediante un conocimiento, lo más realista posible, de las relaciones complejas que se establecen entre los historiadores y otros usos de la historia»¹⁵.

En ambos casos, la labor de historiadores e historiadoras presupone un conocimiento y ejercicio de contextualización e historización de los principales usos (y abusos) de la historia y de las disputas por la memoria en el presente, lo cual le permitirá hacer de estos fenómenos un objeto de estudio crítico, y perfilar su propia postura epistemológica y política. Como lo plantea Enzo Traverso:

Su tarea consiste, antes que nada, en inscribir esa singularidad de la experiencia vivida en un contexto histórico global, intentando esclarecer las causas, las condiciones, las estructuras, la dinámica de conjunto. Lo que significa utilizar la memoria después de cribarla en una verificación objetiva, empírica, documental y factual, señalando, si fuese necesario, sus contradicciones y sus trampas¹⁶.

De esta forma, el oficio del historiador utiliza la memoria colectiva y los usos y prácticas de la historia como una herramienta, fuente e insumo para su propio trabajo, a la vez que contribuye a darles forma:

Precisamente porque, en lugar de vivir encerrado en su torre, participa en la vida de la sociedad civil, el historiador contribuye a la formación de una consciencia histórica, de una memoria colectiva (plural e inevitablemente conflictiva, al atravesar el conjunto del cuerpo social). Es decir, su trabajo contribuye a forjar lo que Habermas llama un «uso público de la Historia»¹⁷.

Finalmente, participar directa o indirectamente de las prácticas públicas de la historia podría permitir a los historiadores académicos, que pasan la mayor parte del tiempo y gastan la mayor parte de sus energías intelectuales en los lugares, procedimientos, burocracias, normas y estándares de validación del conocimiento propios de la «operación historiográfica»¹⁸, cobrar una mayor y más clara conciencia acerca de la carga política de la historia, es decir, de las implicaciones y responsabilidades de su oficio en la sociedad, y ya no solamente al interior de una comunidad de especialistas. Una consciencia que lleva a reconocer que el saber histórico oscila entre una función epistemológica-teórica y otra social-práctica; entre el conocimiento y la explicación del pasado y sus posibles usos políticos en el presente, que incluyen tanto el establecimiento y la reproducción de las ideologías y los valores culturales dominantes, como las luchas de diversos grupos sociales, especialmente aquellos tradicionalmente marginados, por contrarrestarlas¹⁹.

II.

Como lo ha planteado la historiadora Lynn Hunt en un reciente libro, los monumentos históricos son uno de los principales objetos de disputa en las contiendas contemporáneas por el significado del pasado en el espacio público. «Los monumentos siempre se erigen por propósitos políticos; afirman el poder, ya se trate del poder de una iglesia, de una secta, de un partido político o de una causa política», por lo que, nos recuerda Hunt, «los cambios de afiliación religiosa o de régimen político a menudo conllevan tanto la destrucción como la creación de monumentos»²⁰.

El primer artículo del dossier, «El fuego que arde bajo el mármol», de Luis Fernando Contreras Gallegos, aborda el fenómeno de la destrucción de monumentos en el marco de las protestas antirracistas y contra la violencia policial de los últimos años en Estados Unidos, que se enmarca dentro de una ola iconoclasta global más amplia, en la cual se han intervenido o derribado monumentos considerados racistas, colonialistas o esclavistas en países tan diversos como Bélgica, Inglaterra, Chile o Colombia.

Contreras Gallegos se enfoca en la remoción de monumentos a generales y políticos confederados en los Estados Unidos, presentando un contexto de la Guerra de Secesión (1861-1865) y de su posterior memorialización a partir de la narrativa heroica y martirizada de la Lost Cause durante las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX, que incluyó la monumentalización de los personajes y símbolos de la Confederación. Según argumenta el autor, los textos, rituales y estatuas de la Lost Cause permitieron perpetuar en el tiempo los valores de la segregación racial y la superioridad blanca en los estados sureños.

A partir de la teoría de la coexistencia y disputa de narrativas tradicionales, ejemplares y críticas de experiencias del tiempo (J. Rüssen), el autor explica que el derribo de monumentos confederados obedece, al igual que en otros contextos atravesados por disputas en torno a la definición del significado de pasados conflictivos, a los intereses y agendas políticas de diversos actores sociales en el presente, por lo que:

La destrucción de monumentos, a manos de movimientos sociales como Black Lives Matters, no debe caer en críticas simplistas de vandalismo o de un anacronismo en el que supuestamente el error es juzgar las imágenes del pasado a través de los valores y las luchas del presente.

Por el contrario, lo que estaría detrás de estos gestos iconoclastas es:

La búsqueda política de justicia y la necesidad de construir y conquistar otros futuros posibles [que] empujan a estos colectivos a elaborar una crítica del tiempo en la que se pone en tensión los saberes, las memorias y las metáforas espaciales del pasado y sus vínculos con el presente y el futuro. Así pues, la destrucción de monumentos, en el caso de las protestas por el asesinato de George Floyd, obedece a una experiencia crítica que busca alterar el contínuum de las prácticas y de las percepciones estructurales que pretenden sostener un horizonte de valores segregacionistas, racistas y supremacistas.

Otro de los lugares/prácticas sociales fundamentales para la producción de la historia es el archivo. Espacios de poder, de secrecía y jerarquización, de memoria y olvido; instituciones y a la vez hechos sociales que demandan de la sensibilidad crítica del historiador para poder abordarlos teniendo en cuenta su propia historicidad y articulación con múltiples actores y relaciones de poder, y no desde un extractivismo mecánico e ingenuo, como un almacén incontaminado de fuentes primarias²¹. Un ejercicio crítico en este sentido nos lo presenta Daniel Guzmán con su artículo «De la court history al archivo histórico». Allí, el autor llama la atención sobre la importancia del derecho al acceso público a los documentos y la información en las sociedades democráticas, a partir del análisis del archivo de la Suprema Corte de Justicia de México, que se torna sensible especialmente en lo que respecta a la desclasificación de documentos judiciales relacionados con acontecimientos traumáticos que involucran la violencia ejercida por el Estado, como la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Guzmán hace un recuento por la historia de esta institución archivística oficial, resaltando la importancia de vincular la historia institucional con la historia pública, lo cual permitiría dentro de los archivos públicos «conformar una perspectiva archivística favorable a la diversidad historiográfica y a la justicia social». Finalmente, el autor concluye sugiriendo cómo, si se parte desde este tipo de perspectivas críticas, los archivos —ya sean oficiales o comunitarios— pueden ser terreno fértil para nuevas prácticas públicas de historia:

Tradicionalmente, monumentos y archivos han sido instituciones de administración de la memoria social creadas y controladas por los Estados nacionales modernos. Sin embargo, en diferentes países durante las últimas décadas, diversos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil (grupos étnicos y religiosos, asociaciones de víctimas, colectivas feministas, disidencias sexuales y de género, sindicatos, etc.) han irrumpido en la esfera pública con la intención de visibilizar discursos históricos propios e interpretaciones alternativas del pasado, muchas veces disruptivas con respecto a los relatos y símbolos nacionales hegemónicos. En algunos casos, lo han hecho en conjunto con historiadores profesionales…

… que ponen sus competencias al servicio de su condición de actores públicos y políticos, aunando su crítica histórica con su crítica política del presente […] recordando lo esenciales que han sido las luchas populares para el establecimiento y los avances de la democracia y para la extensión de la ciudadanía a todos los inicialmente excluidos de ella: pobres, mujeres, jóvenes, migrantes, etc.²².

En «Democratizar el pasado. Balance de una experiencia de historia pública en Colombia», Felipe Caro-Romero, Daniela Díaz-Benítez y Esteban Zapata-Wiesner dan cuenta de la efervescencia de las prácticas públicas de historia hecha por y para los ciudadanos en la Colombia contemporánea, presentando uno de los principales proyectos en el campo de la historia pública y la educación para la paz en el país: Historia Entre Todos (HET). Se trata de un texto autobiográfico, en donde los autores toman la vocería del colectivo del que hacen parte para narrar la experiencia de este; señalan sus retos y alcances, explican sus propuestas metodológicas y pedagógicas, y comparten reflexiones sobre los posibles horizontes de las prácticas públicas de historia en el país y en la región. De esta forma, el artículo parte de un doble propósito:

Por un lado, es un ejercicio de sistematización y reflexión sobre más de tres años de experiencia de trabajo en historia pública del proyecto Historia Entre Todos, y su continuidad actual en la colectiva Historia de Par en Par, como una forma de reconocer, con humildad y con orgullo, el esfuerzo realizado en múltiples escenarios alrededor de esta emergente rama de la disciplina, los aprendizajes y las reflexiones producidas en este proceso. Por otro lado, busca iniciar un diálogo sobre la historia pública a partir de experiencias concretas que se mueven entre la academia y la práctica fuera de la universidad, creando puentes en el distanciamiento entre estos espacios.

Otro campo relevante de análisis para las producciones o prácticas públicas de historia es el ámbito educativo, y especialmente los procesos de enseñanza/aprendizaje de la historia. La escuela es un lugar social privilegiado para la transmisión de la memoria colectiva y los valores culturales de nuestras comunidades. Y en las últimas décadas también se ha constituido, gracias al trabajo juicioso de los licenciados en historia y ciencias sociales y a los expertos en pedagogía y didáctica en estas áreas, en un espacio propicio para la formación del pensamiento histórico de los niños y jóvenes, pese a la inercia de la historia patria o, como en el caso colombiano, al lugar marginal o inexistente de la asignatura de historia dentro del currículo²³.

La interesante contribución de Horacio Miguel Hernán Zapata y Antonia Elizabeth Portalis, titulada «La Enseñanza de la historia regional en Argentina: una mirada desde los actuales diseños curriculares de la provincia de Corrientes» da cuenta de las tensiones entre la historia local-regional y la historia nacional-provincial en la historiografía y sus implicaciones en la política educativa y la práctica de la enseñanza/aprendizaje de la historia en Corrientes. Si bien los autores reconocen que los diseños curriculares vigentes en dicha provincia se han abierto a la introducción de contenidos temáticos que abordan la historia local y regional, también identifican que:

Los procesos de renovación curricular no han acompañado las líneas más interesantes de la renovación de la historiografía argentina de las últimas décadas. La historia regional prescripta sigue siendo entendida, en buena medida, según los parámetros de la historiografía correntina de principios del siglo XX.

Asimismo, llaman la atención con respecto a que, para «construir una historia argentina más compleja e intentar mostrar, desde la experiencia local y regional, cómo los problemas generales que nos ocupan se dan y se viven de manera peculiar en un lugar y en un tiempo concretos», se hace necesario que los lineamientos curriculares tomen en cuenta «los distintos desafíos que enfrentan los docentes al enseñar contenidos de historia regional en los distintos niveles educativos y problematizar las estrategias, recursos y actividades que empleará para hacerlo».

Ahora bien, la cuestión de la enseñanza/aprendizaje de la historia no se limita a la educación formal o a la política educativa gubernamental. Particularmente en América Latina, existe una interesante experiencia de educación no formal y de educación popular que también ha atendido el problema de la historia²⁴. En el artículo «Te cuento mi historia: relatos en cuarentena», Valeria Miranda y Edison Arley Vergara evalúan el proceso y los resultados del proyecto realizado por los niños y niñas de la Casita Rural de San Vicente de Ferrer (Antioquia) y los integrantes del Semillero de Historia Audiovisual (SHA) de la Universidad Javeriana (Bogotá), destacando el aporte de las herramientas audiovisuales y digitales en dichos procesos y en el fortalecimiento de la construcción de memoria local²⁵. Se trató de un proyecto de educación complementaria rural, en donde resultaron determinantes los dibujos, fotografías, videos y archivos de audio circulados a través de WhatsApp, ante las dificultades que los participantes debieron afrontar por la inesperada cuarentena a consecuencia de la pandemia de la covid-19 a nivel planetario, la cual sin embargo se convirtió en motivo de reflexión en una fase posterior del proyecto²⁶.

Uno de los objetivos de esta experiencia era lograr que los niños y niñas se reconocieran como agentes históricos capaces de identificar su pasado y transformar su propio entorno. De todos los textos reunidos en el dossier, este es el menos «académico»: obedece más a una lógica narrativa y multimedial que a las rígidas normas de una publicación en una revista especializada (lo cual sin duda fue motivo de discusión tanto para los editores de este número como para los pares evaluadores externos), pues como los mismos autores lo expresan, «este artículo busca que te sumerjas en el proceso, productos y voces que participaron en este proyecto», para lo cual recomiendan al lector que descargue «alguna aplicación para leer códigos qr en caso de que tengas un celular Android, y si tienes un equipo ios podrás acceder con solo la cámara del equipo».

Como acertadamente señalaban Daniel Walkowitz y Lisa Maya-Knauer hace unos años, las tensiones étnico-raciales se constituyen en uno de los principales factores que atraviesan las disputas públicas por la historia, especialmente en sociedades poscoloniales²⁷. Esta dimensión de las prácticas públicas de la historia es analizada en el artículo ‘The 1957 Central High crisis: civil rights and education in the United States as a public history experience through the Pryor Center for Arkansas Oral and Visual History’, de Augusto Machado Rocha. Allí, se presenta el caso del Pryor Center for Arkansas Oral and Visual History como una propuesta de historia pública que a través de un archivo de testimonios orales y registros audiovisuales reconstruye las memorias de quienes vivieron la segregación racial en el ámbito educativo en el estado de Arkansas antes y durante el proceso de «integración» (1957-1960), a partir del cual se comenzó a dar acceso a los niños y jóvenes afroamericanos a la educación escolar, no sin resistencia por parte de los sectores blancos más conservadores. Asimismo, el trabajo del centro ha permitido identificar y contrarrestar algunas de las continuidades de la segregación, expresadas, por ejemplo, en actos de discriminación cotidiana. Se trata de un interesante ejemplo de práctica pública de historia, en donde la investigación y la narración permiten el reconocimiento de las luchas que grupos marginalizados tuvieron que sostener por la equidad y los derechos civiles fundamentales en el pasado, pero que en muchos casos siguen vigentes. Como concluye el autor:

La lucha por la integración aún no ha terminado, en este sentido es importante acercarse y comprender la experiencia de quienes en el pasado lucharon por los cambios que son, aún, necesarios en el presente. La historia pública en este caso se basa en la recuperación de un archivo, con el objetivo de difundir la experiencia contenida en el mismo, a partir de una narrativa que busca señalar lo sucedido en Central High, al tiempo que indica la necesidad de una mejora en el presente.

III.

Este dossier de Ciencia Nueva. Revista de Historia y Política, aspira a convertirse en un aporte para que los historiadores e historiadoras nos involucremos más en las prácticas públicas de historia, ya sea participando en ellas a través de proyectos de investigación colaborativa con diversos actores sociales, o historizando los procesos de construcción de memoria colectiva, tomando como objeto de estudio los múltiples discursos, usos y apropiaciones que se hacen del pasado por fuera de la academia.

De la misma manera, con la selección de los artículos y esta presentación se busca resaltar la importancia de prestar atención a las singularidades de las prácticas de historia locales, pues «los usos públicos de la historia están cambiando continuamente a la par de los contextos políticos que los cobijan»²⁸. Simultáneamente, además, debemos ser capaces de identificar tendencias y problemáticas generales, que desborden los contextos particulares, para poder buscar soluciones y colaboraciones en el nivel regional y global. En este sentido, retomamos la invitación de los colegas James Gardner y Paula Hamilton a «unir fuerzas» en el campo de una historia pública internacional:

La amplitud de la historia pública, su propia flexibilidad, que apuntala su principio central —como concepto y como práctica—, trae las cuestiones relacionadas con la interpretación y la comunicación de la historia a un escenario central, más allá de la geografía. A pesar de las dificultades lingüísticas y de traducción, el acceso desigual a las tecnologías digitales a través del mundo, y de las diferentes culturas institucionales, es importante que los historiadores públicos unamos fuerzas internacionalmente para afrontar estos nuevos desafíos²⁹.

Con ello, esperamos seguir fortaleciendo en Colombia, América Latina y otras partes del mundo, una disciplina histórica más consciente de su inscripción en la sociedad y más participativa en los debates públicos/políticos del presente, y no por ello menos rigurosa o apegada al método de la investigación histórica. Como advertía el historiador aragonés Ignacio Peiró Martín:

Lo que está en juego es la posibilidad de una historia abierta a la multiplicidad de los futuros posibles y la imprevisibilidad del presente. Una historia sin renuncias, dirigida a suscitar la atención de la opinión pública y rescatar de la tutela de la clase política, tanto las «representaciones» selectivas de la memoria del liberalismo como los proyectos más conservadores de las democracias amnésicas, «no antifascistas»³⁰.

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